La comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid estudiará las adjudicaciones del Partido Popular a empresas de la trama Púnica en Alcobendas

– La Comisión de Vigilancia de la Contratación de Alcobendas ha acordado, por unanimidad, elevar la documentación para que sea la Comunidad de Madrid quien siga investigando.

– Ha quedado certificado que el gobierno del Partido Popular contrató por un volumen cercano a los 300.000 euros con empresas investigadas en la trama de corrupción “Púnica”.

– Los grupos políticos de la oposición PSOE, C´s, SSP, UPYD e IU con mayoría en el Pleno, proponen que sea la propia comisión que investiga la corrupción en toda la Comunidad de Madrid para que dirima responsabilidades.

Los representantes de la Comisión de Vigilancia de la Contratación han acordado, en la sesión celebrada en el día de hoy, elevar toda la documentación y los contratos del gobierno del Partido Popular en Alcobendas a la Comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid.

Como antes hicieran otros Ayuntamientos, Alcobendas ha decidido por transparencia y para dilucidar responsabilidades trasladar todos los informes y las actas con el trabajo de recopilación de información, con el objetivo de que los diputados autonómicos continúen fiscalizando las adjudicaciones.

Recordemos que la Comisión de Vigilancia de la Contratación, se inició a petición de Ciudadanos y UPYD, para recopilar información de las decenas de facturas y adjudicaciones que el Ayuntamiento de Alcobendas realizó entre los años 2008 y 2015 con empresas relacionadas en tramas de corrupción. Además, en los últimos seis meses, se ha tomado declaración a seis trabajadores municipales del Ayuntamiento de Alcobendas para clarificar las posibles irregularidades.

A la vista de las revelaciones descubiertas al estudiar las facturas y de las conversaciones de García de Vinuesa con miembros actualmente imputados conocidas al levantarse el secreto de sumario judicial, los partidos de la oposición en bloque mantienen su voluntad de que las autoridades autonómicas, y en su caso los jueces, sigan investigando la posible adjudicación injustificada de fondos públicos.

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